NACIONAL

Ley de Justicia Cívica y Código Penal Nacional orientado a homologar todos los ilícitos: Alejandro Gertz Manero

Buscan homologar sanción a delitos

El Fiscal General de la República. Alejandro Gertz Manero, anunció su intención de dar forma a una Ley de Justicia Cívica que ayude a prevenir los delitos y a un Código Penal Nacional orientado a homologar todos los ilícitos.

El funcionario delineó ante senadores el paquete de reformas que oficialmente se había anunciado presentaría ayer miércoles, pero que sorpresivamente postergó hasta el 1 de febrero, cuando arranque el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión.

«Iniciamos nuestro proyecto con la Ley de Justicia Cívica, para ir de ahí al Código Penal, después el procedimiento para poder aplicar el derecho positivo, y después cómo vamos a manejar las sanciones en este sentido. La Ley pretende «la prevención de la delincuencia desde su inicio, protegiendo la convivencia cotidiana frente al asedio de la delincuencia común y de su colusión con policías y funcionarios municipales.

«Habrá de priorizar la reparación inmediata del daño, con la obligación del Estado de repararlo en los casos de las personas más vulnerables. Este es un aspecto fundamental para todos los que sufren diariamente el delito. De los 33 millones de delitos que se producen al año, el 90 por ciento están en contra de las gentes más desprotegidas del país; y de ellos, el 90 por ciento son temas de carácter económico que no pasan de 10 mil pesos.»

El Fiscal hizo hincapié en que «no hay una sanción que prevenga y otra que identifique al que está delinquiendo ya en forma habitual para que pase de una justicia cívica a una justicia penal; porque si no, nos pasa que los que se roban un país pueden andar en la calle, y los que se roban 20 pesos tienen que pasar el resto de su vida en una cárcel.»

En relación con el Código Penal Nacional, Gertz Manero explicó que se busca homologar todos los delitos –su tipicidad y agravantes–, en una sola ley que le dé certeza y equilibrio a la defensa social en todo el país.

«No podemos tener 32 códigos, porque al final de cuentas, si no hay una homologación de defensa social, no puede haber tampoco una homologación de defensa de cada una de las personas. Eso tiene una lógica elemental y en ese sentido también es muy importante que este Código y así lo estamos empezando a plantear, permita a las entidades federativas establecer delitos específicos, considerando sus raíces culturales y sus características regionales», dijo.

A juicio del Fiscal, uno de los grandes obstáculos de un código único es que hay delitos que son específicos de una cultura o de una región.

«Hay que dar la oportunidad de que esa defensa jurídica se pueda dar de conformidad con esas áreas culturales y con esas tradiciones y con la defensa de esos valores morales que muchas veces son fundamentales para una determinada comunidad.»

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, estimó que «el fortalecimiento del sistema de justicia y de las garantías penales, es de extrema importancia para vivir en un Estado de Derecho y es muy importante para el Estado mexicano y para la Cuarta Trasformación».

Julio Scherer, el Consejero Jurídico de la Presidencia, dijo que el anunciado paquete de reformas pretende «formar un nuevo paradigma que nos lleve a consolidar un nuevo modelo de seguridad y justicia, que sustituya al actual que ha fracasado y que nos ha llevado a un récord nada envidiable de casi 99 por ciento de impunidad en México».

Ajustes preliminares

Puntos centrales de la reforma constitucional al sistema de procuración de justicia según anteproyectos que han circulado:

INVESTIGACIÓN DE DELITOS

– El Congreso expedirá el Código Penal Nacional para delitos federales y también para los demás delitos hasta ahora regulados por los Estados. Éstos podrán agregar a sus códigos delitos adicionales.

– El arraigo domiciliario sería aplicable para todos los delitos, pero se reduciría a 40 días.

– Se faculta al Ministerio Público para calificar la legalidad de una detención en flagrancia.

-Se faculta a víctimas u ofendidos para solicitar a los jueces órdenes de cateo.

– Se permite a la FGR o Procuradurías estatales solicitar intervención de comunicaciones privadas para casos en materias fiscal y electoral.

PODER JUDICIAL FEDERAL

– Se crean los jueces y magistrados especializados en responsabilidad penal, que juzgarían a jueces y magistrados del PJF acusados de algún delito.

FISCALÍAS

– Se asignaría un porcentaje fijo del presupuesto federal a la FGR

– Se obligaría a los Estados a que su fiscalías generales sean órganos autónomos, con titulares designados por nueve años y entrega directa de fondos federales

POLÍTICA PENITENCIARIA

– Los jueces no podrán decidir sobre traslados de reos entre cárceles, o entre secciones de una misma prisión.

Las autoridades penitenciarias lo decidirán.

– Se establece el trabajo de los reos como condición para acceder a beneficios de libertad anticipada.

PROCESO PENAL

. Creación de un Código Nacional de Procedimientos Penales.

– Se elimina el auto de vinculación a proceso de los imputados. Ahora se presentará al acusado y el juez resolverá si le da prisión preventiva o alguna medida cautelar.

– No se reformará el catálogo de delitos de prisión preventiva forzosa del artículo 19 de la Constitución, lo que garantiza que múltiples acusados irán a la cárcel sin importar la opinión del juez.

– Se elimina a los jueces de control. Ahora, el juez que dicte sentencia sería el mismo que conoció del caso desde la etapa de investigación.

– Se permitiría que pruebas contra el acusado, obtenidas de manera no lícita, puedan ser valoradas por el juez para dictar sentencia.

JUSTICIA CÍVICA

– Se faculta al Congreso para expedir la Ley Nacional de Justicia Cívica, para sancionar infracciones administrativas.

– Se mantienen como sanción el arresto hasta por 36 horas, multa o trabajo en favor de la comunidad, pero se pide que no sea conmutable.

CMCOAX
Periodista desde 1979
http://www.globatium.com.mx

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