OPINIÓN PORTADA

Los promotores de la “Ley Bonilla”

Por Rita Balderas[1]

El priista, Benjamín Gómez Macías, líder del congreso de Baja California fue uno de los que votó en favor de ampliar el periodo de la recién competida gubernatura de este estado, paradójicamente, fue quién también, ventiló que dicha votación se logró con base en “incentivos de un millón de dólares” ofrecidos a cada uno de los diputados para aprobar la iniciativa impulsada por el diputado local morenista, y coordinador de su bancada, Víctor Manuel Morán Hernández.

Es conocido que el congreso de Baja California con una mayoría abrumadora, acreditó esta modificación en pro de una gubernatura que dure cinco años y no dos como se contempló originalmente por la autoridad electoral antes de la competición. Excepcionalmente los diputados de este congreso se apresuraron a emitir su voto en una sesión extraordinaria que inició alrededor de las 21 horas el día lunes 8 de julio; el resultado también se sabe, 21 votos a favor de 25 posibles. Se trató de una mayoría conformada por 9 votos panistas, 5 del PRI, 3 de Morena, mientras que, cuatro partidos apoyaron con su respectivo único voto, se trató del PT, PRD, MC y el partido local Transformemos (que antes formaba parte del ya desaparecido PES). Dos días después las alcaldías de Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito, tres de las cinco que conforman el estado, terminaron por darle legalidad a lo iniciado por el congreso estatal.

Estalló el escándalo en el que el principal protagonista es Jaime Bonilla Valdez, un empresario de los medios de comunicación que, entre otras cosas, es conocido por auto adjudicar a su empresa denominada “Ingeniería de medios e Imagen Corporativa S.A. de C.V.” la publicidad de Morena, cuando  fue el dirigente del partido en Baja California. Además, a Bonilla se le ha relacionado con personajes vinculados al narco, tal es el caso de su abogado Humberto Valdez Ramos (abogado del Chapo Guzmán). Jaime Bonilla ha sido acusado de lavado de dinero, de exportar agua potable en detrimento del estado; de igual manera, durante la campaña por la gubernatura ocultó una mansión en San Diego California, con valor de 24 millones de pesos en su declaración patrimonial.

Algunos de los artífices de esta modificación de temporalidad para la gubernatura, en primer término, son Víctor Manuel Morán Hernández, amigo de Jaime Bonilla, quien, en 2018, igualmente se autodestapó para ser el candidato de Morena para esta elección de 2019 y fue igualmente contemplado para competir por la alcaldía de Tijuana; finalmente Morán Hernández logró reelegirse como diputado local. Cabe señalar que Morán Hernández fue cuestionado hace dos meses por cargar al erario de Baja California facturas por más de 3 millones de pesos en gastos personales. Morán Hernández en este asunto de la “Ley Bonilla”, destaca como uno de los principales operadores políticos y si el resultado para Morena es positivo, se perfila como uno de los seguros contendientes de este partido para la próxima elección estatal.

Otro de los operadores de esta maniobra es el penalista, Guillermo “Titi” Ruiz Hernández, recientemente designado por López Obrador, en abril de 2017, para coordinar la defensa de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Ruiz Hernández es uno de los amigos, y representante legal, del gobernador electo Jaime Bonilla; simultáneamente, es abogado de Francisco “Kiko” Vega, así como lo ha sido de la familia Hank Rhon. A Ruiz Hernández y a su despacho, la prensa, les atribuyen la autoría del andamiaje jurídico que permitió que el Tribunal Estatal Electoral pudiera ampliar una gubernatura pactada de dos a cinco años. Al mismo tiempo que “El Titi” Ruiz queda bien con Jaime Bonilla, se perfila para ser nombrado primer Fiscal General del Estado, con ello se encargaría de cubrirle la espalda a “Kiko” Vega, aún gobernador y de extracción panista, quien tiene demasiados elementos en su contra por enriquecimiento inexplicable; su fortuna es tan escandalosa que los veracruzanos Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes Linares podrían ser calificados como aprendices de ladrones a su lado, sólo que a Vega de la Madrid, hasta el momento, nadie le ha ventilado sus pillerías.

Uno de los operadores financieros en esta estratagema denominada “Ley Bonilla”, cuyo nombre fue relacionado con los millones de dólares otorgados como incentivo para los diputados del Congreso de baja California es Alejandro Miramontes Armenta, actual director de la Aduana en Mexicali, el mismo que en enero de 2019, fue destituido de la Aduana de Ciudad Juárez siendo acusado de formar parte del “Cártel de la Aduana” junto con su hijo Alejandro Miramontes Aceves, quien es muestra del nepotismo con el que se manejan algunas cosas. Cabe mencionar que la familia de la nuera de Miramontes Armenta también se encuentra al frente de la Aduana Marítima de Ensenada, a través de David Pérez Tejada Padilla. Ambas familias han sido vinculadas con el gobernador electo Jaime Bonilla.

El nombre de Alejandro Miramontes Armenta, aparte de ser relacionado con la corrupción de las aduanas norteñas, y aunque en sus últimas declaraciones patrimoniales hechas públicas indica tener cierta austeridad, señalando cuentas bancarias con 10 y 20 mil pesos, ahora ha sido recurrentemente ubicado en la prensa local como uno de los mecenas de la campaña política de Jaime Bonilla rumbo a la gubernatura y en días recientes nuevamente ha sido mencionado como uno de los impulsores financieros de la “Ley Bonilla”.

A escala federal, el presidente López Obrador, solo se ha pronunciado en este caso diciendo que él no hubiera permitido esta modificación realizada por el congreso de Baja California y que esperará el resolutivo del Supremo Tribunal Electoral. Por otro lado, la dirigente morenista Yeidckol Polevnsky mencionó estar a favor de la ampliación de la gubernatura a 5 años, declarando incluso que es aberrante que una gubernatura dure solamente un año con 8 meses. La nota del fin de semana al respecto, la dio el veterano legislador Porfirio Muñoz Ledo, quien se manifestó con la propuesta de desaparecer los poderes en el estado de Baja California encontrando de inmediato el desacuerdo del senador Ricardo Monreal, quien se pronunció a favor del respeto de la soberanía de cada uno de los estados de la República. Lo cierto es que la resolución que se tome con esta situación extraordinaria fincará un referente trascendente en otras entidades y por supuesto, en lo nacional.

[1] Doctora en Ciencias Sociales y Humanidades por la UAM-Cuajimalpa. Email: rita.balderas@hotmail.com

CMCOAX
Periodista desde 1979
http://www.globatium.com.mx

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