OPINIÓN

LA PENSIÓN ALIMENTICIA CUANDO AMBOS PADRES TRABAJAN

Eduardo Castillo Cruz*

El total de descuentos de abril a agosto de 2016 fue de $148,278.42, que divididos entre cinco meses resulta el monto de $29,655.68 mensual.

Es lo que se lee al pie de la página 60 de la sentencia mexicana del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, en la que se resolvió el Amparo en revisión 419/2016 promovido por un secretario del Poder Judicial Federal, en contra del descuento provisional del 30% sobre su salario y demás prestaciones laborales que, en el juicio ordinario civil sobre divorcio necesario, expediente 898/2015, fue ordenado el 19 de agosto de 2015 por el juez Tercero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en Monterrey, Nuevo León.

El alegato principal se centró en la violación de los principios de proporcionalidad y legalidad por no haberse distribuido equitativamente la obligación alimentaria entre ambos cónyuges, al considerar que únicamente se tomó en cuenta la capacidad económica del cónyuge y no el hecho de que la progenitora tuviera el mismo trabajo y sueldo.

La solicitante de los alimentos afirmó ante el juzgado familiar que estaba dedicada preponderantemente al cuidado de su menor hija y a la realización de las actividades del hogar. Que su fuente de ingresos no era suficiente para su subsistencia y la de su hija.

Por su parte, el quejoso en el amparo argumentó que a su cónyuge no le correspondía pensión alguna y que, al percibir el mismo ingreso que él, se desvirtuaba la presunción de necesitarlos.

Es necesario señalar que el artículo 1068, del Código de Procedimientos Civiles de Nuevo León, en uno de los requisitos que establece para decretar alimentos a favor de quien tenga derecho de exigirlos, es que, sin requerir prueba, se tenga a favor la presunción de necesitarlos.

En su artículo 1070 se faculta al juez para ordenar el desahogo de cualquier diligencia que considere necesario y fijar prudencialmente una pensión provisional, contra la cual no se admite recurso alguno.

Lo relevante del caso es que de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo, el Tribunal Colegiado admitió las pruebas ofrecidas por el demandado, las transferencias bancarias y el original del oficio del Consejo de la Judicatura Federal en donde se informó que la cónyuge desempeñaba el cargo de secretaria de tribunal adscrita al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, por el cual percibía un ingreso quincenal de $27,082.83.

El Tribunal Colegiado se basó para ello en un criterio emitido en el año 2017 por la Segunda Sala de la Corte Mexicana, de rubro “Pruebas en el juicio de amparo indirecto. Interpretación del artículo 75, segundo párrafo, de la ley relativa”, para determinar que la “posibilidad de ofrecer pruebas aunque no se hubiesen rendido ante la autoridad responsable, opera cuando se trate de una persona ajena al procedimiento de creación del acto reclamado, o cuando la ley que lo rija no establezca la posibilidad de ofrecer y desahogar pruebas”.

Se consideró que la presunción de necesitarlos, que tenía la cónyuge al momento de solicitar los alimentos, había quedado desvirtuada con las pruebas documentales, cuya valoración le fue negada al demandado , en un primer momento, por el juez de Distrito.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, concedió el amparo solicitado para que el juez familiar dejara insubsistente el acuerdo del descuento provisional y dictara en su lugar un nuevo auto, conforme a lo que legalmente correspondiera, en el que debería reiterar la pensión alimenticia provisional del 20% a favor de la menor, así como tomar en cuenta el oficio del Consejo de la Judicatura Federal, “los datos y pruebas aportadas por la actora en su escrito inicial de demanda, entre otras, las documentales exhibidas con relación al crédito hipotecario con el que cuenta y… de estimarlo necesario”, recabar las pruebas que demostraran las condiciones actuales de la cónyuge.

Dio origen a la tesis aislada que se publicó, el 18 de enero de 2019, en el Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: “Pensión alimenticia provisional. Cuando en el amparo indirecto se reclama la determinación cautelar que la fija, sin otorgar derecho de audiencia, se actualiza la excepción prevista en el segundo párrafo del artículo 75 de la ley de amparo.” (Registro 2019022)

Esta sentencia aporta un criterio para detener, mediante el juicio de amparo, la ejecución de una pensión alimenticia provisional que fue fijada sin audiencia del deudor y con base en datos que no concuerdan con la realidad, sin esperar su modificación o ajuste dentro del mismo procedimiento en donde tuvo origen.

Un medio para evitar que legalmente se lleve a cabo un desplazamiento patrimonial ilegal y desproporcionado.

Son reiterados los casos en que bajo la apariencia de la presunción de necesitar una pensión alimenticia, uno de los cónyuges obtiene la orden judicial de descuento sobre el salario del otro, para ser ejecutada por un periodo considerable de tiempo, sin la posibilidad de reembolso en términos de la jurisprudencia vigente: “Alimentos provisionales. No procede la devolución de las cantidades descontadas al deudor, aun cuando el acreedor no demostró en el juicio la necesidad de recibirlas.” (1a./J. 42/2011, registro 161140)

Esto en consideración a que las cantidades entregadas en ejecución de una determinación judicial tienen como fundamento un deber legal y que han sido consumidas de manera irreparable al satisfacer las necesidades del acreedor.

Se subraya que la devolución no puede ser materia de una acción por enriquecimiento ilegítimo, bajo el argumento de que su configuración requiere de que no exista una causa jurídica, contractual o extracontractual que lo justifique.

quicio1@hotmail.com
Twitter: @bbufjured
Facebook: Eduardo Castillo Cruz

*Presidente del Foro Permanente de Abogados A.C.

CMCOAX
Periodista desde 1980
http://www.globatium.com.mx

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